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El Gobierno nacional aprobó la participación del ejército para asistir en la seguridad contra el narcotráfico en Rosario

Luego de la serie de asesinatos de inocentes cometidos por sicarios vinculados a bandas narco, el Gobierno autorizó la participación de las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas de seguridad interior en Rosario.

A través de la Resolución 266/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Defensa, instruyó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a llevar a cabo las “‘Operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior’ conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y su Decreto Reglamentario N° 1273/1992, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe”.

El artículo en cuestión al que hace referencia la normativa señala que la cartera de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que “las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.

Para ello, el ministro Luis Petri designó al Coronel Mayor César Augusto Velarde, como “Representante del Estado Mayor Conjunto de Fuerzas Armadas que integrará el Comité Operativo Conjunto para la coordinación de las Operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior”.

En este marco, el Poder Ejecutivo aprobó “las Reglas de Empeñamiento” para ser aplicadas en las tareas de apoyo al sistema de seguridad interior en Rosario. Las mencionadas reglas son de “carácter confidencial”, aclaró el Gobierno, aunque se explicó que “serán de aplicación para todo el personal de Fuerzas Armadas, cualquiera fuere el Grado y Escalafón por el período que dure” la asistencia por parte de las FFAA.

En los considerandos de la resolución publicada esta madrugada, el Poder Ejecutivo resaltó que “la protección a la vida, libertad y patrimonio de nuestros habitantes son unos de los bienes jurídicos tutelados más preciados por nuestro Sistema Republicano de Gobierno”.

En este marco se hizo hincapié en que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, solicitó al Ministerio de Seguridad la convocatoria al Comité de Crisis para intervenir luego de la ola de asesinatos en Rosario, que funcionará en principio hasta el 9 de julio.

Acto seguido, la ministra Patricia Bullrich y Pullaro solicitaron al Ministerio de Defensa el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la ciudad.

Además, se conformó el Comité Operativo Conjunto para que Seguridad y Defensa actúen en Rosario.

“Resulta necesario aprobar ‘Las Reglas de Empeñamiento’ a ser aplicadas en las operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, bajo el carácter confidencial, para orientar las acciones del personal militar de acuerdo al marco legal vigente, en las cuales se deben resguardar la libertad, la vida de los ciudadanos, del personal y el patrimonio del Estado asignado a cada Fuerza, los derechos y garantías de terceros y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”, fundamentó el Gobierno.

“Las Fuerzas Armadas se encuentran comprometidas con su labor conforme el Sistema Republicano, siendo valoradas por la sociedad en su conjunto, máxime por el desempeño en las continuas operaciones de apoyo a la comunidad, tanto en desastres naturales que se suceden continuamente en todo nuestro territorio, como también en el desempeño en la reciente pandemia de Covid-19, a través de la Operación General Manuel Belgrano”, concluyó el Poder Ejecutivo.

“Dicho tutelaje lo encontramos, entre otras normas, en la Ley de Seguridad Interior, siendo los pilares fundamentales a proteger dentro del sistema; y que, en nuestro ordenamiento jurídico penal, resultan de máxima importancia para el justo equilibrio de la vida en sociedad”, agregó.