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Cinco gobernadores iniciaron acciones legales contra la Nación por el recorte de recursos a las provincias y analizan presentar una demanda común

Ya promovieron causas individuales Chubut, Santiago del Estero y La Rioja; Neuquén y Río Negro enviaron intimaciones al Gobierno; las presentaciones amenazan con multiplicarse.

Mientras los gobernadores intentan definir una presentación judicial en un frente común contra los recortes de fondos establecidos por ley por parte de la Nación, comenzaron a ingresar presentaciones de varios mandatarios. Ya avanzaron por el camino legal el chubutense Ignacio Torres, el santiagueño Gerardo Zamora, el rionegrino Alberto Weretilneck y el neuquino Rolando Figueroa. Esos reclamos se sumaron a los que ya había presentado ante la Corte Suprema el riojano Ricardo Quintela.

El presidente Javier Milei profundiza sus críticas a los gobernadores y, desde el área de Economía, Luis Caputo, además de eliminar el Fondo Complementario para el transporte del interior, frenó el envío de los recursos del Fondo de Incentivo Docente -ambos son dineros con “trazabilidad”- y tampoco giró el 30% del impuesto PAIS que, también por ley, se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios.

La semana pasada la mayoría de los gobernadores acordaron que sus equipos técnicos analizarían las presentaciones de acciones judiciales contra los recortes de fondos que impulsó el Poder Ejecutivo. El mayor problema, reconocen, son los “tiempos de la Justicia”. Admiten que mientras esperen las determinaciones, los montos se irán licuando. Pero, a medida que pasan los días, también sostienen que las posibilidades de “soluciones políticas” se reducen.

El bonaerense Axel Kicillof, el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora están entre los que podrían ir a la Justicia en las próximas horas.

Hace dos días Torres presentó una cautelar ante la justicia federal para exigir “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”. El pedido también lleva la firma del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Unión por la Patria, quien acompañó la iniciativa porque sostuvo que esa zona “es la más perjudicada por la medida”.

El chubutense explicó que desde diciembre su gobierno aumentó 50% el monto total de la erogación correspondiente al subsidio al transporte que depende de la provincia: “Con la baja del subsidio nacional, Comodoro Rivadavia sería la ciudad más perjudicada de Chubut. Cuenta con la mayor cantidad de pasajeros que se trasladan diariamente en su tejido urbano, demandando entre el 60% y el 70% del subsidio que se destina a dicha localidad”.

Zamora, después de una reunión de gabinete, instruyó a la Fiscalía de Estado para recurrir a la vía judicial ante los recortes de Nación. Desde el gobierno santiagueño plantearon: “No son los gobiernos provinciales los afectados, son los docentes que dejan de percibir esos montos, son los usuarios del transporte público de pasajeros, son los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho del país”.

Añadieron que, desde que asumió Milei, no se cumple con la ley de presupuesto vigente y “hay incertidumbre incluso sobre los fondos nacionales para comedores escolares, alimentos para celíacos, el fondo de conectividad y material didáctico para el alumnado, las obras públicas en ejecución, los distintos programas de salud, como ser la entrega de medicamentos para tratamientos especiales como los oncológicos, los de HIV, los de recién nacidos con enfermedades genéticas y otros medicamentos llamados catastróficos, que por ley, la Nación debe comprarlos y entregar directamente a los beneficiarios, como también el programa Remediar”.


En Río Negro, los legisladores de los bloques “Vamos con Todos” y “PJ-Nuevo Encuentro”, junto al senador nacional Martín Doñate, el diputado nacional Martín Soria e intendentes presentaron este jueves ante la justicia federal un reclamo en defensa Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del subsidio al transporte.

“No hay margen para los matices ni las diferencias domésticas. Ante estas situaciones graves, [son necesarios] acuerdos de Estado para defendernos del centralismo porteño”, indicaron en referencia a que el gobierno provincial haría lo mismo.

Concesiones

Por fuera de la cuestión de los fondos económicos, este jueves, en una acción conjunta, Weretilneck y Figueroa notificaron al Estado Nacional respecto de la gestión de concesiones hidroeléctricas en la región. El rionegrino envió una carta documento al Ministerio del Interior que repasa los artículos de la Constitución Nacional que “establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos”.

Figueroa hizo lo propio con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo. La carta documento indica que “ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia”. Se refirió a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron reciente prorrogados.

El foco de las intimaciones recae, precisamente, en el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Ambos gobernadores “exigen que el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias”. Advierten que cualquier acción unilateral por parte del Gobierno Nacional “será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia”.  Apuntan, además, que podrían iniciar acciones legales.

MisionesOnline